martes, 11 de julio de 2017

BONIFICACIÓN ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO (Bono 14).


La bonificación anual para trabajadores del sector privado y público, conocida comúnmente como bono 14, consiste en una prestación laboral obligatoria para todo patrono, tanto del sector privado como del sector público, que consiste en el pago a sus trabajadores de una bonificación anual equivalente a un salario o sueldo ordinario que devengue el trabajador. Esta prestación es adicional e independiente al aguinaldo. 

La bonificación anual será equivalente al cien por ciento (100%) del salario o sueldo ordinario devengado por el trabajador en un mes, para los trabajadores que hubieren laborado al servicio del patrono, durante un año ininterrumpido y anterior a la fecha de pago. Si la duración de la relación laboral fuere menor de un año, la prestación será proporcional al tiempo laborado.

La bonificación deberá pagarse durante la primera quincena del mes de julio de cada año. Si la relación laboral terminare, por cualquier causa, el patrono deberá pagar al trabajador la parte proporcional correspondiente al tiempo corrido entre el uno de julio inmediato anterior y la fecha de terminación.

Ahora bien, el problema que se nos presenta es ¿Cuanto debo de pagar líquido al trabajador correspondiente a su bono 14?

La regla indica que para determinar el monto de la prestación, se tomará como base el promedio de los sueldos o salarios ordinarios devengados por el trabajador en el año el cual termina en el mes de junio de cada año. Para el cálculo de la indemnización, se debe tener en cuenta el monto de la bonificación anual devengado por el trabajador, en la proporción correspondiente a seis meses de servicios, o por el tiempo trabajado, si éste fuera menor de seis meses.

El bono 14  se calcula tomando en cuenta lo siguiente:

1. No se toma en cuenta la bonificación incentivo, impuesto sobre la renta y horas extras.

2. Cuando el trabajador no ha cumplido un año de trabajo, contado de julio del año anterior a junio del presente año, se hace el pago proporcional, para ello se paga proporcionalmente al tiempo trabajado. 

3. Para calcular el bono 14 proporcional aplique la siguiente fórmula

salario ordinario mensual   x días trabajados 
                    365 días de un año


Como último comentario, cuando pague a sus trabajadores el bono 14 asegúrese que le firmen la constancia de pago, ya que generalmente luego del 15 de julio la inspección general de trabajo efectúa inspecciones de empresas para verificar si se ha pagado esta prestación.






domingo, 2 de julio de 2017

ASPECTOS LEGALES QUE DEBE DE TOMAR EN CUENTA AL CONTRATAR UN SEGURO.


Muchos entendemos que el contratar un seguro nos puede ayudar a palear económicamente las consecuencias del mismo, sin embargo, tenemos que entender, que, como cualquier otro contrato, tiene derechos y obligaciones para los contratantes, por un lado, la aseguradora y por el otro lado el asegurado. Es por ello, que es importante conocer los alcances y límites del seguro que contratamos a efecto de poder hacer un reclamo efectivo al momento que el evento para el cual estamos asegurados suceda.
El contrato de seguro es aquel contrato a través del cual, las Aseguradoras se comprometen a resarcir el daño o a pagar una suma de dinero si ocurre un evento establecido en el mismo y, el asegurado de pagar una prima con el fin de estar protegido.
Para los efectos de la Ley guatemalteca, se consideran como ramos de seguros los siguientes:
a) Seguro de vida o de personas: son aquellos que, de conformidad con las condiciones pactadas, obligan a la aseguradora al pago de una suma de dinero en caso de muerte o de supervivencia del asegurado, cualquiera que sea la modalidad del seguro, incluyendo las rentas vitalicias.
b) Seguro de daños: son aquellos que, de conformidad con las condiciones pactadas, obligan a la aseguradora al pago de una indemnización por eventos inciertos que causen daños o pérdidas y los que tienen por objeto proporcionar cobertura al asegurado contra los daños o perjuicios que pudiera causar a un tercero. Se incluyen en este ramo los seguros de accidentes personales, de salud, de hospitalización y de caución; este último se refiere a las fianzas mercantiles reguladas en el Código de Comercio y emitidas por aseguradoras autorizadas para operar en el país.

Es necesario también, conocer algunas definiciones relacionadas con el contrato de seguros, entre los cuales están:
1º. Asegurador: a la sociedad mercantil autorizada legalmente para operar seguros, que asume los riesgos especificados en el contrato de seguro.
2º. Solicitante: a la persona que contrata el seguro, por cuenta propia o por la de un tercero determinado o determinable y que traslada los riesgos al asegurador.
3º. Asegurado: la persona interesada en la traslación de los riesgos.
4º. Beneficiario: la persona que ha de percibir, en caso de siniestro, el producto del seguro.
5º. Prima: la retribución o precio del seguro.
6º. Riesgo: la eventualidad de todo caso fortuito que pueda provocar la pérdida prevista en la póliza.
7º. Siniestro: la ocurrencia del riesgo asegurado.
Una misma persona puede reunir las calidades de solicitante, asegurado y beneficiario.
Los hechos ciertos, o los físicamente imposibles, no constituyen riesgo y no pueden ser objeto del contrato de seguro, salvo la muerte.
En ese entendido, para formalizar un contrato de seguro, es necesario que se plasme el consentimiento del asegurado y de la aseguradora, para ello, debe de existir una póliza de seguro, la cual consiste en el documento que refleja datos y condiciones del contrato de seguro.
De acuerdo a la legislación guatemalteca el asegurador estará obligado a entregar al asegurado una póliza que deberá contener:
1º. El lugar y fecha en que se emita.
2º. Los nombres y domicilio del asegurador y asegurado y la expresión, en su caso, de que el seguro se contrata por cuenta de tercero.
3º. La designación de la persona o de la cosa asegurada.
4º. La naturaleza de los riesgos cubiertos.
5º. El plazo de vigencia del contrato, con indicación del momento en que se inicia y de aquel en que termina.
6º. La suma asegurada.
7º. La prima o cuota del seguro y su forma de pago.
8º. Las condiciones generales y demás cláusulas estipuladas entre las partes.
9º. La firma del asegurador, la cual podrá ser autógrafa o sustituirse por su impresión o reproducción.
Los anexos y endosos deben indicar la identidad precisa de la póliza a la cual correspondan y las renovaciones, además, el período de ampliación de la vigencia del contrato original.
A falta de póliza, el contrato de seguro se probará por la confesión del asegurador, de haber aceptado la proposición del asegurado, o por cualquier otro medio, si hubiere un principio de prueba por escrito.

En cuanto al riesgo y el pago del seguro en caso de acontecimiento del suceso asegurado, el asegurador responderá de todos los acontecimientos que presenten el carácter del riesgo cuyas consecuencias se hayan asegurado, excepto de aquellas que hubieren sido excluidas claramente por el contrato.
El pago del seguro también está regulado por la ley, la que estipula que una vez que se hayan practicado las investigaciones correspondientes, estén completos los requisitos contractuales y legales del caso y no exista desacuerdo en la liquidación e interpretación de las cláusulas de las pólizas, las entidades de seguros deben cumplir las obligaciones derivadas de tales contratos, dentro de los plazos que se indican a continuación:
a) Diez (10) días, cuando por la cuantía del seguro no tenga participación la reaseguradora;
b) Diez (10) días, cuando tenga participación la reaseguradora, pero que, por la cuantía del seguro y de acuerdo con los respectivos convenios, la empresa pueda hacer el pago antes de recibir la remesa correspondiente o la reaseguradora no esté obligada a remitir de inmediato su participación para el pago del siniestro de que se trate;
c) Treinta (30) días, cuando de conformidad con los contratos de reaseguro, sea necesario que las reaseguradoras remesen la parte que les corresponde para efectuar el pago; y,
d) Las obligaciones a favor de los asegurados o beneficiarios, que tengan el carácter de vencidas o de derechos garantizados deben hacerse en un término no mayor de diez (10) días.
En estas obligaciones se incluyen dotes, rentas, sorteos, préstamos, rescates, devolución de primas no devengadas por rescisión de contratos y cualquier otro valor efectivo y garantizado en las pólizas.

En cuanto al reclamo ante los tribunales del pago del seguro, la ley estipula que, a resolución de los negocios y cuestiones litigiosas entre los asegurados y las aseguradoras, las aseguradoras y reaseguradoras y entre éstas y terceros, corresponde a los tribunales ordinarios competentes o arbitrales, según se pacte en el contrato respectivo.

Para finalizar, existen casos en que el asegurador quedará desligado de sus obligaciones, siendo estos los siguientes:
1º. Si se omite el aviso del siniestro con la intención de impedir que se comprueben oportunamente sus circunstancias.
2º. Si con el fin de hacerle incurrir en error se disimulan o declaran inexactamente hechos referentes al siniestro que pudieren excluir o restringir sus obligaciones.
3º. Si, con igual propósito, no se le remite con oportunidad la documentación referente al siniestro o la prueba de pérdida.

Todas las acciones que deriven de un contrato de seguro prescribirán en dos años, contados desde la fecha del acontecimiento que les dio origen, es decir, que, si no se da el aviso correspondiente dentro de los dos años de plazo establecidos en la ley, se pierde el derecho a ser resarcido aun cuando tenga derecho a ellos.

El contrato de seguro es complejo, por lo mismo, se les recomienda que se asesoren antes de contratar con el objeto de conocer los alcances y límites del seguro que se piensa contratar, aun mejor, si tiene un corredor de seguros de confianza, consúltele para que le de las mejores opciones para sus necesidades, ellos asesoran en esa área.
Para hacer un reclamo ante los tribunales del incumplimiento de una póliza, debe de dejar documentado toda operación de pago de las primas, póliza y los correos que se intercambiaron a efecto de poder tener un caso sólido.
Hasta la próxima,
Saludos.


jueves, 1 de junio de 2017

LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA PERSECUCIÓN PENAL. ALTERNATIVA A LOS DELITOS TRIBUTARIOS.

En realidad, como diría un licenciado que conozco, los abogados que prestan asesoría tributaria, hoy más que nunca, tienen que conocer sobre derecho penal. Como todos hemos visto en las noticias, muchos casos son y han sido investigados en el Ministerio Público pues existen indicios que pueden hacer pensar que se cometió un ilícito de ese tipo. Hoy quiero comentar un poco sobre una medida contenida en el código procesal penal guatemalteco y que actualmente se está utilizando comúnmente para poder evitar ir a prisión por la comisión de delitos tributarios, es la Suspensión condicional de la persecución penal.

De acuerdo con el código penal, comete delito de defraudación tributaria quien, mediante simulación, ocultación, maniobra, ardid, o cualquier otra forma de engaño, induzca a error a la administración tributaria en la determinación o el pago de la obligación tributaria, de manera que produzca detrimento o menoscabo en la recaudación impositiva.

Las personas que se presume pudieron cometer ese y otros delitos tributarios, son denunciados y la fiscalía de delitos económicos del Ministerio Público es la encargada de llevar a cabo la investigación.

La suspensión condicional de la persecución penal tiene como finalidad reducir la aplicación de la prisión preventiva y las penas de prisión, y racionalizar las políticas de justicia penal, teniendo en cuenta el respeto de los derechos de la víctima, las exigencias de la justicia y las necesidades de rehabilitación del sindicado, a través de medidas que reparen integralmente el daño causado por el delito.

Ahora bien, en los delitos contra el orden jurídico tributario (entre otros porque también aplica a otros delitos), el Ministerio Público a solicitud del interesado en gozar de este beneficio, y previa comprobación del pago del valor de los impuestos retenidos o defraudados, así como los recargos, multas e intereses resarcitorios, que acreditará mediante documentación que debe expedir la autoridad tributaria, propondrá la suspensión condicional de la persecución penal. La suspensión no podrá otorgarse a reincidentes, ni a quien se haya condenado anteriormente por delito doloso.

El Juez de Primera Instancia con base en la solicitud del Ministerio Público, deberá disponer la suspensión condicional de la persecución penal si el imputado manifiesta conformidad admitiendo la veracidad de los hechos que se le imputan y si a juicio del Juez hubiere reparado el daño correspondiente o afianzare suficientemente la reparación, incluso por acuerdos con el agraviado o asumiere o garantizare la obligación de repararlo, garantía que podrá consistir en hipoteca, prenda o fianza.

La suspensión de la persecución penal no será inferior de dos años ni mayor de cinco, ni impedirá el progreso de la acción civil derivada del incumplimiento de los acuerdos celebrados entre las partes, en ninguna forma. Transcurrido el período fijado sin que el imputado cometiere un nuevo delito doloso, se tendrá por extinguida la acción penal.

Esta es una alternativa legal en caso de posible comisión de delitos tributarios, la cual puede ser utilizada analizando el caso concreto.



10 AÑOS DEL BLOG CONSULTORÍA JURÍDICA

Recién principios del mes de mayo, cumplió el blog Consultoría Jurídica 10 años. Cuando lo empecé nunca me imaginé que duraría tanto y sobre todo que tendría tanta aceptación dentro de las personas que buscan en la red información útil para su empresa. Por lo mismo, agradezco a los 181,553 visitantes que en este periodo han leído los artículos que publico. Espero continuar escribiendo sobre temas relevantes en el ámbito jurídico y sobre todo, que los mismos sea de utilidad a quienes los consultan. Julio Salazar. http://consultajuridicagt.blogspot.com/

jueves, 24 de noviembre de 2016

FINANCIAMIENTO DE LOS JUICIOS EMPRESARIALES

Muchas empresas y empresarios han sido parte en una demanda y muchos otros están involucrados en múltiples demandas cada año, en algunos casos como demandantes y en otros como demandados. Litigar siempre resultará impredecible puesto que la decisión está en manos de jueces y magistrados, el haber ganado en una instancia no garantiza que se confirmará el fallo en la segunda ni tampoco que no pueda ser revertido el resultado en casación o amparo.

Este problema del litigio que afecta no solo económicamente, sino que también en el tiempo y estado de ánimo de los miembros de la empresa es un costo que la mayoría de empresas preferirían evitarlo. Sin embargo, las empresas muchas veces tienen que enfrentar litigios necesarios para hacer cumplir los derechos contractuales, para evitar que los competidores cometan competencia desleal u otras regulaciones comerciales, para defenderse de trabajadores que reclaman pago de prestaciones, algunas veces reales otras ficticias, o para proteger la propiedad intelectual. Incluso cuando se requiere una acción legal, los departamentos legales internos pueden sentirse limitados en su capacidad para dirigir y procurar demandas debido a que no son sus principales atribuciones.

Por ello, contratar una firma de abogados externa para los litigios generalmente es una buena idea, sin embargo, el problema con los litigios es que son costosos en tiempo y dinero.

Existen varias formas los abogados litigantes cobran sus honorarios: puede ser una tarifa fija, independientemente del resultado del proceso; puede ser un porcentaje de lo ganado en el juicio; puede ser por hora invertida, entendido que no todos los procesos son tan complejos que necesiten la misma cantidad de horas de dedicación; o bien, puede ser una combinación de estos.

El reto para el empresario es encontrar la mejor forma de financiar los litigios de la empresa, sin que resulte perjudicial para las finanzas.


El análisis del caso desde el punto de vista legal y financiero.

Normalmente, las propias empresas financias sus litigios para pagar honorarios de abogados y otros gastos incurridos durante estos, sin embargo no cuentan con una partida específica para hacer frente a estos gastos, por ello, el primer paso para determinar la necesidad de demandar o contestar una demanda es hacer una evaluación de distintos atributos del proceso incluyendo, entre otras cosas, la solidez de la reclamación, el estado actual de la ley aplicable, las capacidades de los abogados de cada lado de la controversia, asuntos jurisdiccionales, las consecuencias para la empresa y sus directivos y accionistas de no demandar o contestar la demanda, posibilidad de condena en daños y la capacidad de hacer cumplir una sentencia. Si después de este análisis el caso se determina que es fuerte en los méritos y pasa los requisitos de forma y fondo indicados, se procede a buscar los fondos para el financiamiento. Otro punto importante es que no en todos los juicios se tiene un resultado económico que aumente las arcas de la empresa, sin embargo, si la reclamación se resuelve con éxito, ya sea mediante juicio o arbitraje, la empresa recupera su reclamación, más un monto por gastos judiciales.

Un abogado litigante, además de sus servicios profesionales en la dirección y procuración de juicios, debe de proporcionar al cliente Ayuda a entender y administrar los honorarios y gastos incurridos en el proceso de reclamaciones legales, evaluar objetivamente los méritos de las reclamaciones legales de una empresa, entre otros.

Como parte del proceso de contratación, las empresas deben solicitar que el abogado litigante proporcione un presupuesto detallado y un plan de gestión de casos, lo que debería reflejar la comprensión por parte del abogado de las diferentes estrategias empleadas en los litigios. El presupuesto de litigios y el plan de manejo de casos deben reflejar un enfoque pensativo de la práctica de descubrimiento y movimiento, todo diseñado para un propósito: Preparar el caso para que, en el juicio, el juez o árbitro puede percibir claramente los méritos de nuestra argumentación.

Un presupuesto de litigios bien preparado y un plan de manejo de casos también proporcionan información valiosa sobre otros elementos clave del enfoque de litigios y la estrategia de casos. Estos elementos incluyen el tamaño y los miembros del equipo del despacho, las contribuciones que cada abogado hará en el litigio, y los honorarios y gastos previstos que se incurrirán a lo largo del juicio.

Lo más importante, debe ser una evaluación honesta de los honorarios y gastos anticipados de los abogados que serán incurridos para litigar con eficacia las demandas legales de la compañía. Los presupuestos de litigios que infravaloran los honorarios y gastos de los abogados previstos son inútiles para una empresa porque los hacen incurrir en errores al contratar. Del mismo modo, los presupuestos legales excesivos y los planes incompletos de manejo de casos plantean preocupaciones inmediatas sobre la manera en que una demanda será perseguida.


Cómo financiar los litigios comerciales.

Además de las formas tradicionales tales como préstamos bancarios, existen otros lados en los cuales puede hacerse frente al pago de abogados para un juicio.

El primero de esto podría ser la suscripción de nuevas acciones por los accionistas de la sociedad para que con ese monto se haga el pago de los gastos del juicio, de esa forma, los accionistas adquieren más acciones de la compañía y esta no tiene que devolver el dinero puesto que no es un préstamo que se hace.

Otra forma, es que para obtener la liquidez se contrate con una entidad financiera un contrato de recepción de pagos en el cual la entidad financiera adelanta a la empresa los montos de las facturas pendientes de cobro menos una comisión.

Una manera diferente de enfrentar el juicio, puede ser mediante una cesión de derechos litigiosos a otra empresa o persona, quien podrá financiar el proceso a cambio de todo o parte de los beneficios que se reciban si se gana el mismo, no obstante, para ello se necesita de un análisis legal de las probabilidades que se tienen de éxito para llegar a un acuerdo.

Estructuración del acuerdo de honorarios para alinear los intereses de las empresas.
Actualmente, los bufetes de abogados para captar clientes proporcionaran alternativas al modelo tradicional de facturación conforme arancel. Muchos directivos de la empresa consideran esto como una oportunidad de negociar descuentos de tarifas o reducir las tarifas de la firma de abogados, otros lo ven como una oportunidad para alinear mejor los intereses del bufete de abogados y la compañía, porque se puede buscar una fórmula que beneficie a ambas partes y además estimule a que el despacho de abogados trate como prioridad su proceso judicial o arbitraje.

Muchos bufetes de abogados tradicionalmente son adversos al riesgo. Como resultado, los arreglos alternativos de honorarios que requieren que los bufetes de abogados se arriesguen, tal como pasa en los arreglos de honorarios completos o parciales u otra compensación basada en el éxito, a menudo son una propuesta nueva y desafiante que no todos los abogados están dispuestos a aceptar. Sin embargo, un acuerdo con un abogado en el cual este gana solo en función de una “success fee” puede ser contraproducente también para la empresa, porque al haber un posible arreglo anticipado del litigio, esto contraríe los objetivos económicos del abogado, y puede redundar en que el abogado desaconseje o trunque la transacción y se pierda la oportunidad de una terminación anticipada. Es esencial para la empresa que le abogado sea ético y que su objetivo siempre sea el beneficio del cliente.


Conclusión

Las empresas a menudo se sienten limitadas en su capacidad para perseguir demandas comerciales debido a restricciones presupuestarias u otras restricciones. El financiamiento de litigios permite a las empresas de todos los tamaños plantear demandas válidas sin aumentar los presupuestos legales o exponer a las compañías a riesgos adicionales.

La financiación de litigios comerciales todavía está en sus primeras etapas, pero la demanda sigue creciendo a un ritmo rápido. Para las empresas y sus departamentos jurídicos internos, la financiación de litigios comerciales ofrece un mayor acceso a la justicia sin el riesgo y el costo normalmente asociados con los litigios.